Suspenden examen de notariado para este año
Con las disposiciones transitorias aprobadas este día, se espera que los más de siete mil abogados que se someten al examen de suficiencia para el ejercicio de la función pública, el cual es organizado por la Corte Suprema de Justicia, lleven a cabo dicha prueba en los primeros meses del 2021, a fin de evitar posibles contagios.
La suspensión de dicha prueba de la función pública notarial tiene el propósito de contribuir a reducir los contagios del COVID-19 que enfrenta El Salvador. La medida fue aprobada por el Pleno Legislativo este jueves y permitirá a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reprogramar la prueba para los primeros meses del 2021.
Los parlamentarios avalaron la medida con base a las estadísticas de CSJ, de los años 2015 al 2019, que en promedio se inscribieron 6,824 abogados para efectuar la prueba de suficiencia de notariado; en consecuencia, es necesario diseñar y preparar un evento masivo; sin embargo, en las actuales condiciones sanitarias generadas por la pandemia que enfrenta el país, provocó una reducción sustancial en la actividad administrativa del Órgano Judicial, generando con ello la imposibilidad de efectuar todas las diligencias para tal fin.
Además, el pasado lunes 17 de agosto fueron recibidos los magistrados Alberto López Jerez, Aldo Cáder y Roberto Argueta, quienes expusieron que el examen de suficiencia para el ejercicio de la función pública del notariado, normalmente se realiza en el mes de noviembre y se convoca noventa días antes, aunque los preparativos de la logística se inicia en el mes de marzo, dada la situación de la pandemia y la reducción de las labores administrativas ha afectado, sumando los gastos en que la institución judicial ha incurrido para adoptar las medidas necesarias para proteger a sus empleados y evitar el contagio por dicha enfermedad.
Audiencias se realizarían de manera virtuales.
En otro tema, la Asamblea Legislativa ratificó el texto del Decreto Legislativo n. °679, aprobado el 2 de julio de este año, el cual contiene reformas al Código Procesal Civil y Mercantil, que trata de la celebración de audiencias de manera virtual, como una herramienta para mejorar la gestión y trámite de los procesos y diligencias judiciales. Con ello, no se estarían aceptando las observaciones emitidas por el Ejecutivo.
Ante las circunstancias que enfrenta El Salvador, y en donde es preciso adoptar y mantener de forma permanente el distanciamiento físico para evitar mayores contagios de COVID-19, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales encargada de elaborar el dictamen, explica que para contar con mayores elementos de juicio, se conoció la opinión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Además, la reforma autoriza a jueces o tribunales, en atención rigurosa de las circunstancias de cada proceso o diligencia, para que de forma excepcional presidan audiencias y ordenen la comparecencia de manera virtual de las partes.
